EE.UU. impone sanciones a altos funcionarios venezolanos por represión y abuso de poder
11 de enero de 2025
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra ocho altos funcionarios venezolanos vinculados a la represión promovida por el régimen de Nicolás Maduro y la subversión de la democracia en Venezuela.
Estas sanciones, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 13692, afectan a individuos que dirigen entidades estatales claves en el aparato económico, de seguridad y militar del país. Entre los sancionados se encuentran Héctor Andrés Obregón Pérez, presidente de Petróleos de Venezuela (PdVSA), y Ramón Celestino Velásquez Araguayán, ministro de Transporte y presidente de CONVIASA, la aerolínea estatal.
Asimismo, se incluyen funcionarios de alto rango en la policía y las fuerzas armadas responsables de violaciones a los derechos humanos, como el director del CICPC, Douglas Arnoldo Rico González, y otros líderes militares y policiales acusados de actos represivos y abusos contra manifestantes y actores. democráticos desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Esta acción coincide con sanciones similares impuestas por Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, en un esfuerzo conjunto para mantener la presión sobre Maduro y su círculo cercano. Según Bradley T. Smith, subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Estados Unidos reafirma su apoyo al pueblo venezolano en su lucha por una transición democrática y rechaza las elecciones fraudulentas promovidas por el régimen.
El Departamento de Estado también ha elevado las recompensas por información que conduzca al arresto o condena de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, ofreciendo hasta 25 millones de dólares por los dos primeros y 15 millones por el tercero. Además, impuso restricciones de visado a funcionarios asociados con el régimen de Maduro responsables de socavar procesos democráticos.
Las sanciones congelan los activos de los individuos designados en Estados Unidos, prohíben las transacciones realizadas por personas estadounidenses con ellos y restringen la provisión o recepción de fondos, bienes o servicios relacionados con estas personas. Las instituciones financieras que interactúan con los sancionados también podrían enfrentar consecuencias legales.
Según la OFAC, estas medidas buscan fomentar cambios positivos en el comportamiento del régimen y no castigar a la población venezolana. La oficina reafirma su compromiso de retirar de su lista de sancionados a aquellos que cumplen con los criterios legales y demuestren una voluntad de cambio.
Estas sanciones forman parte de un esfuerzo internacional continuo para promover la democracia y los derechos humanos en Venezuela, mientras se incrementa la presión contra quienes sostienen el régimen de Nicolás Maduro.
