Los generales en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto compararon este jueves en los tribunales de justicia en una audiencia inicial programada para las 8:30 de la mañana.

El Ministerio Público los acusa de homicidio y lesiones graves en los casos de Isis Obed Murillo y Alex Zavala, dos víctimas de los sucesos ocurridos durante el golpe de Estado de 2009 en Honduras.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentará las pruebas que sustentan las acusaciones contra los exmilitares. Además, se espera que los fiscales soliciten ampliar los delitos imputados e incluir al expresidente de facto Roberto Micheletti en el requerimiento fiscal.

Por su parte, los abogados defensores intentarán desvirtuar los señalamientos, aunque han denunciado que no han recibido acceso completo a la información del requerimiento fiscal. Según el abogado Dagoberto Aspra, esta falta de información afecta la preparación de la defensa.

Los generales retirados fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Sin embargo, el general Romeo Vásquez Velásquez tuvo que ser llevado al Hospital Militar el jueves, después de presentar complicaciones de salud. Los médicos diagnosticaron COVID-19, lo que agravó su condición debido a su diabetes preexistente, provocándole descompensación.

Isis Obed Murillo, una joven de 19 años, fue la primera víctima mortal durante las protestas contra el golpe de Estado de 2009, mientras que Alex Zavala sufrió lesiones graves en las mismas circunstancias. Estos casos se convirtieron en símbolos de la represión ocurrida en esa etapa política del país.

La posible inclusión del expresidente de facto Roberto Micheletti en el caso podría representar un giro significativo en las investigaciones relacionadas con los hechos del golpe de Estado. Micheletti, quien afirmó el poder tras el derrocamiento de Manuel Zelaya, ha sido señalado en el pasado por organismos internacionales y sectores nacionales por violaciones a los derechos humanos.

La resolución de la audiencia inicial definirá si los exgenerales y otros implicados enfrentarán medidas judiciales más severas, como prisión preventiva o libertad condicional, mientras continúa el proceso legal. Este caso podría marcar un precedente en la búsqueda de justicia para las víctimas de los hechos de 2009.

Mientras tanto, el caso continúa generando gran expectación a nivel nacional e internacional, dado su impacto en la memoria histórica y el debate sobre la justicia y la impunidad en Honduras.