La empresa camaronera Santa Inés, con 32 años de operaciones en la zona sur de Honduras, cerró sus puertas dejando a 1,500 empleados sin trabajo y afectando indirectamente a 7,500 personas más. Este cierre agrava la situación económica del sector acuícola y plantea preocupaciones sobre el aumento del desempleo, la migración y la desintegración familiar en el país.

Javier Amador, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), lamentó el impacto de esta decisión, que representa una pérdida significativa para la industria del camarón, que ya había registrado pérdidas de 54 millones de dólares en 2024 debido a la caída en las exportaciones.

El cierre de Santa Inés es atribuido en gran parte a la pérdida del mercado de exportación hacia Taiwán, que fue un importante socio comercial hasta que las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países se rompieron en marzo de 2022. Amador destacó que, a diferencia de Taiwán, el mercado chino no ha ofrecido las mismas oportunidades comerciales, resultando en pérdidas económicas.

“El mercado de exportación de camarón a China no fue factible, ya que solo hubo pérdidas, porque no fue buen mercado, contrario a Taiwán”, subrayó Amador.

La empresa Santa Inés había liderado en la exportación de camarón hacia Taiwán en años anteriores. Sin embargo, la falta de incentivos fiscales y los altos costos de operación, como los de la energía eléctrica, han afectado la viabilidad de las operaciones, tanto de esta como de otras empresas del sector.

Según datos proporcionados por Andah, durante la actual administración gubernamental ya han cerrado unas 60 empresas camaroneras, lo que refleja una tendencia preocupante en el sector. Amador advirtió que, de aprobarse la nueva Ley de Justicia Tributaria, las condiciones para las empresas podrían empeorar aún más debido a la falta de incentivos.

“No se están creando incentivos para operar. Los costos de operaciones son elevados y no hay beneficios fiscales para el empresario”, destacó Amador.

El cierre de Santa Inés no solo afecta al sector económico, sino que también tiene profundas implicaciones sociales. Con más de 1,500 personas sumándose al desempleo, Amador advirtió sobre el incremento de la migración y la desintegración familiar, agravando la situación social en Honduras.

El cierre de operaciones de Santa Inés pone en evidencia la necesidad de una revisión de las políticas económicas y fiscales para apoyar a las industrias nacionales. Amador reiteró que “una cosa es la política y otra es el mercado”, enfatizando la importancia de separar las decisiones diplomáticas de las repercusiones comerciales para proteger sectores clave como el acuícola.

A medida que el país enfrenta una crisis en la industria camaronera, expertos y representantes del sector urgen al gobierno a implementar medidas que promuevan la sostenibilidad de las empresas y la recuperación de los mercados perdidos. Sin acciones concretas, el futuro del sector y de millas de familias hondureñas queda en entredicho.