El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó al Estado hondureño a garantizar un proceso de consulta previa, libre e informada antes de avanzar con la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en la comunidad de Mocorón, departamento de Gracias a Dios. Según el organismo, esta consulta es un requisito fundamental para evaluar los impactos que la obra tendrá en la vida de los habitantes, especialmente el pueblo indígena Miskitu, y para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos del Conadeh, recordó que el derecho a la consulta previa está amparado tanto por normas internas como internacionales. Este proceso debe ser realizado de buena fe, con carácter previo y con el objetivo de alcanzar acuerdos adecuados y accesibles para todas las partes involucradas.

“El propósito de la consulta no es solo informar sobre la construcción del centro penitenciario, sino analizar los impactos que este tendrá en las formas de vida, seguridad y necesidades de atención de la población”, explicó Cáceres.

Hasta ahora, el Conadeh no ha registrado ninguna socialización que cumpla con los estándares de una consulta previa, libre e informada. Además, señaló la importancia de emplear herramientas como el Protocolo Biocultural del Pueblo Indígena Miskitu, diseñado para facilitar este tipo de procesos en la región de la Moskitia.

Organizaciones y líderes del pueblo Miskitu se han manifestado en contra del proyecto, señalando que la comunidad de Mocorón, con aproximadamente 2,000 habitantes, podría sufrir alteraciones significativas en su modo de vida debido a la construcción del CRE.

El Conadeh ha estado monitoreando el avance del proyecto mediante su Delegación Departamental en Gracias a Dios, la Defensoría de los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños, y el Observatorio Nacional de los Derechos Humanos. Recientemente, miembros del Conadeh inspeccionaron el terreno donde se planea edificar la cárcel.

Finalmente, el organismo reiteró que cualquier omisión del proceso de consulta podría traducirse en violaciones a los derechos humanos y generar responsabilidad internacional para el Estado hondureño.