El abogado defensor Dagoberto Aspra, representante del exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, denunció públicamente que el juez a cargo del caso rechazó la presentación de pruebas periciales forenses y de criminalística, calificando la decisión como una violación al derecho a la defensa.

Aspra utilizó su cuenta en la red social "X" para informar sobre la decisión judicial, señalando que las pruebas fueron rechazadas debido al tiempo transcurrido desde los hechos investigados, que datan de hace 15 años. Según el abogado, esta negativa coloca a su defendido ya los otros acusados ​​en una situación de “indefensión material” de cara a la audiencia inicial.

“Esta decisión nos obliga a replantear la estrategia de defensa, lo que representa una negación efectiva de la posibilidad de defendernos adecuadamente en el proceso”, manifestó Aspra.

Romeo Vásquez Velásquez enfrenta acusaciones junto con otros dos exoficiales de las Fuerzas Armadas en relación con hechos ocurridos tras el golpe de Estado de 2009. La audiencia inicial está programada para este viernes, y el caso ha generado un alto nivel de interés público debido a su relevancia historica y politica.

El rechazo de las pruebas planteadas por la defensa añade un nuevo elemento de controversia al proceso judicial. Según expertos legales, la negativa de aceptar pruebas periciales podría ser objeto de apelaciones o recursos legales que dilatan aún más el desarrollo del caso.

La falta de acceso a pruebas clave podría limitar significativamente las posibilidades de la defensa para contrarrestar los argumentos presentados por el Ministerio Público. Este último sostiene que las acusaciones están debidamente fundamentadas, tal como lo expresó el fiscal general Johel Zelaya en declaraciones recientes.

El abogado Aspra no ha detallado cuáles serán los próximos pasos en la estrategia de defensa, pero advirtió que la denegación de pruebas compromete la equidad del proceso y podría constituir una violación de los derechos fundamentales de los acusados.

Con la audiencia inicial programada para este viernes, se espera que las decisiones judiciales continúen generando debate público y político en el país. Mientras tanto, el caso sigue siendo una prueba clave para el sistema de justicia hondureño y su capacidad para manejar procesos de alto perfil con transparencia e imparcialidad.