Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), advirtió que las extensiones del estado de excepción en Honduras, realizadas sin ratificación por el Congreso Nacional, representan una violación a la Constitución y podrían desencadenar demandas contra el Estado.

Castañeda señaló que los procedimientos realizados bajo estas extensiones, como allanamientos, detenciones y decomisos, podrían ser considerados ilegales, lo que abriría la puerta a demandas legales contra el gobierno.

“Toda esa cantidad de allanamientos, detenciones y decomisos podría incurrir en demandas, y en gastos de presupuestos en capturas e investigaciones que no van a terminar en nada porque van a ser absueltos”, afirmó.

El analista se enfatizó que las extensiones realizadas sin la ratificación legislativa necesaria violan los procedimientos establecidos por la Constitución de la República, generando un precedente preocupante de irrespeto a las normas fundamentales del país.

A pesar de sus críticas, Castañeda reconoció que una de las principales ventajas del estado de excepción ha sido la reducción de homicidios, una tendencia que, según él, debe mantenerse y consolidarse.

Sin embargo, cuestionó la eficacia de la medida en el combate contra la extorsión y el crimen organizado, los objetivos principales establecidos por la presidenta Xiomara Castro al declarar esta política de seguridad.

Castañeda también alertó sobre el incremento de quejas y denuncias por violaciones a los derechos humanos relacionados con la aplicación del estado de excepción. Estas quejas han sido presentadas ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).

El estado de excepción fue implementado en 2022 como parte de una estrategia del gobierno para combatir la violencia y el crimen organizado. Sin embargo, la falta de resultados significativos en algunas áreas clave, sumada a las preocupaciones sobre violaciones de derechos y procedimientos legales, ha generado críticas de diversos sectores de la sociedad.

Castañeda instó al gobierno a replantear sus estrategias de seguridad dentro del marco constitucional, priorizando el respeto a los derechos humanos y la efectividad en el combate al crimen. Las posibles demandas derivadas de esta medida podrían implicar costos legales y económicos significativos para el Estado hondureño.

La controversia en torno al estado de excepción subraya la necesidad de un equilibrio entre seguridad y respeto al orden constitucional, un desafío que continúa siendo prioritario para las autoridades del país.