La comunidad indígena misquita de Honduras anunció que presentará una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en un intento por detener la construcción de una cárcel de máxima seguridad en su territorio ancestral, ubicado en Mocorón, departamento de Gracias a Dios, al este del país.

Avilés Murphy, presidente del Consejo Territorial de la Federación de Indígenas Nativos de la Zona Mocorón Segovia, informó a los medios que la denuncia internacional será presentada en los próximos días, argumentando que el Gobierno no realizó la consulta previa, libre e informada que exige la ley para proyectos en territorios indígenas.

La construcción del Centro de Reclusión de Emergencia, que tendría capacidad para 2.000 reclusos, fue aprobada por el Consejo de Defensa y Seguridad, liderado por la presidenta Xiomara Castro. Según Rixi Moncada, ministra de Defensa, la decisión responde a la necesidad de combatir el narcotráfico y otras actividades delictivas en la región, utilizando la cárcel como una herramienta "legal y constitucional".

Sin embargo, líderes indígenas como Felicito Grecan han expresado un firme rechazo al proyecto. “Todos vamos a defensor y tendrán que construir (la cárcel) sobre la sangre de los misquitos”, declaró Grecan, quien también pidió a la presidenta Castro que reflexionara sobre el impacto de esta decisión.

La oposición misquita incluye más de un mes de protestas en Mocorón y denuncias de intentos del Gobierno de desalojar a los manifestantes. “No estamos pidiendo nada al Gobierno, solo estamos defendiendo lo que nos pertenece”, agregó Grecan.

Desde el siglo pasado, Mocorón alberga un batallón de infantería de las Fuerzas Armadas, algo que también se implementó sin consulta previa. Este precedente ha intensificado el reclamo de los misquitos por el respeto a sus derechos territoriales.

La construcción de cárceles en zonas remotas ha sido un tema controvertido en Honduras. En 2023, el Gobierno propuso una prisión en las Islas del Cisne, una reserva marina nacional, pero la licitación fue anulada tres veces debido a irregularidades. Organizaciones ambientalistas también se opusieron, argumentando el daño ecológico que causaría la obra.

Los misquitos esperan que la CorteIDH respalde su lucha y obligue al Gobierno a respetar sus derechos ancestrales, mientras exigen alternativas que no sacrifiquen su territorio en nombre de la seguridad pública.